Causa YMAD: Procesaron a 22 empresarios por sobreprecios en perjuicio de la UNT

Los empresarios son considerados responsables de sobreprecios por obras contratadas entre 2008 y 2010.

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El exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, dos de sus excolaboradores y 22 empresarios locales fueron procesados por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Casa de Altos Estudios, por el manejo de 85 millones de dólares que recibieron de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), empresa de la que es socia.

Fernando Poviña, a cargo del Juzgado Federal N°2, amplió el procesamiento, sin prisión preventiva, contra Cerisola, Olga Cudmani, ex directora de Construcciones Universitarias, y Osvaldo Venturino, ex director de Contrataciones Universitarias, y amplió embargo sobre sus bienes (67 millones de pesos entre los tres), tras la ampliación de la investigación que se lleva a cabo por presuntas irregularidades cometidas durante el 2008 y 2010.

La Cámara Federal de Apelaciones ordenó en agosto de 2016 profundizar la pesquisa en relación a las eventuales responsabilidades penales de los representantes de las empresas que participaron en las obras realizadas. Esta tarea fue llevada a cargo por el fiscal federal Carlos Brito, que investigó “si se produjeron anomalías generadas por las empresas contratistas tales como cartelización de precios, pagos irregulares, pagos anticipados sin autorización, desvío de fondos, incumplimiento del proyecto de obra, facturación apócrifa”, según explicó La Gaceta.

Andrea Silvana González, auditora de AUI de la UNT, detalló que se detectaron inconsistencias en el pago a las empresas; algunas de ellas que no se encontraban inscriptas en los organismos fiscales y otras adjudicadas pese a que estaban informadas en el Banco Central como deudores incobrables.

Además, informó que se hicieron obras complementarias en una licitación por un monto mayor a la licitación de origen, o que se adjudicaba a una empresa una obra y terminaba haciéndola otra que no figuraba en el pliego. También se detectó que en el Registro Público de Comercio algunas empresas no estaban inscriptas.

En el extenso informe se acusó, por ejemplo, a la empresa Boero de haber cobrado en 2008 $4,7 millones por encima de los precios de mercado de entonces ($ 2,4 millones) por la obra del Laboratorio en la Facultad de Ciencias Exactas. A la empresa Anticorrosiva del Norte se le endilgó sobreprecios en la remodelación del salón de uso múltiple en la Facultad de Educación Física. Se cobraron en 2008 $ 2,9 millones y el valor de mercado era $1,9 millón. Hubo obras en la escuela de Agricultura, en la Residencia Universitaria de Horco Molle, en la Facultad de Psicología, en Asunt, la Facultad de Odontología, La casa 10 de Horco Molle, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Derecho, la casa 8 de San Javier. Se encargó un informe técnico a Gendarmería que determinó perjuicios por sobreprecios, así como un informe de la Procelac.

Por 18 obras bajo investigación, el fiscal citó a declarar a Luis Exequiel Movsovich, Marcelo Eduardo Boero, Sylvia Viviana Coronel, Pedro Alberto Varela Ottonello, Juan Manuel Peña, Guillermo José Pasquini, Ana Inés Cossio, Juan Carlos Aranda, Norma del Valle Zóttola, Ricardo Aníbal Fernández, Ruth Soledad Fernández, Manuel Guillermo Galindo, Roberto Antonio Galindo, Javier Martínez Riera, Oscar Enrique Prado, Juan Vicente Guzmán, Horacio Eduardo Gordillo, Fernando Adrián Gordillo, Aldo Antonio Polti, Martín Preatonio, Héctor Gerardo Preatonio, Héctor Fidel Preatonio, Jorge Ignacio Zeballos, Máximo Federico Mellace, así como a Cerisola, Venturino y Cudmani.

El juez Poviña detalló que los empresarios deben ser considerados como partícipes necesarios, y “Cerisola, Cudmani y Venturino son co-autores del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública”.

También ordenó procesamiento sin prisión preventiva y embargo sobre bienes de los empresarios Boero ($ 5 millones); Varela Ottonello y Peña ($ 2 millones cada uno); Pasquini y Cossio ($2,5 millones cada uno), Aranda y Zóttola ($4 millones cada uno); Ricardo y Ruth Fernández ($3,5 millones cada uno); Manuel y Roberto Galindo ($9 millones cada uno); Martínez Riera y Prado ($6 millones cada uno); Guzmán ($ 15 millones). Horacio y Fernando Gordillo ($ 10 millones cada uno); Zeballos y Mellace ($4 millones cada uno); Movsovich ($ 18 millones); Héctor G, Héctor F .y Alejandro Preatonio ($ 10 millones cada uno). Asimismo, declaró que por ahora no existen méritos suficientes para procesar ni tampoco para sobreseer a Sylvia Coronel ni a Aldo Polti. También declaró lo mismo para Cerisola, Cudmani y Venturino en el caso de una de las obras, la numerada 513.

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