El martes, en Ginebra, unos sesenta países firmaron una dura declaración en la que exigen al régimen nicaragüense de Daniel Ortega, que permita elecciones «libres» y «transparentes» y que libere a sus presos políticos. Fue en el marco de la sesión de las Naciones Unidas, en la que se aguarda el pronunciamiento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización, Michelle Bachelet.
Argentina se negó a firmar la declaración, en una clara muestra del enredado y viboreante camino que transita nuestro país en sus RREE.
Las idas y vueltas con Nicaragua son muy visibles, tanto que el embajador Federico Villegas Beltran apoyó con un discurso el informe de Bachelet sobre ese país -el de marzo y su actualización ahora-, manifestando la «preocupación» de Argentina «por la situación de los derechos humanos en Nicaragua,» y en particular -dijo- «por las detenciones de figuras políticas de la oposición».
En la misma línea y como un gesto de rechazo al accionar de Ortega, este lunes el Presidente Fernández anunció a través de un comunicado que llamaba a consulta a su embajador en Managua, Daniel Capitanich, hermano del gobernador de Chaco y ex Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich
El documento que Argentina se negó a firmar, comienza haciendo mención a las «violaciones a los derechos humanos» que se producen en Nicaragua. «Compartimos las preocupaciones del Alto Comisionado sobre Nicaragua, incluida la impunidad persistente por las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables», sostiene la declaración.
Luego continúa pidiendo un freno a las persecuciones: «Instamos al Gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias». Seguidamente se refiere a las trabas que impuso el régimen para el proceso electoral, a pocas semanas de los comicios.
El documento también señala la preocupación por las leyes del régimen contra la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación. Y puntualiza que la disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. «Pedimos su liberación inmediata»
La declaración que Argentina no suscribió, fue firmada por Estados Unidos, Brasil, Francia, España, entre muchos otros países.
Nuestras organizaciones de DDHH, en sintonía con el gobierno kirchnerista, no condena las violaciones de regímenes como el venezolano o el cubano, tampoco el nicaragüense de Daniel Ortega, es que son astillas de un mismo palo y entre bomberos, no se pisan la manguera