Una gran bocanada de aire fresco para nuestra golpeada República significó la aceptación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del pedido de Per Saltum por parte de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. El fallo unánime de los 5 miembros, frena el traslado. Sin embargo, estamos conscientes que, aceptar el reclamo, no significa avanzar sobre la cuestión de fondo, pero es un paso muy positivo en beneficio de la República. La sentencia final sobre este tema indudablemente tendrá un impacto sobre el funcionamiento del Poder Judicial, más allá de la situación puntual de cada uno de estos jueces.
El presidente del cuerpo Carlos Rosenkrantz, había citado a reunión de sus miembros a este efecto para el día martes pasado, sin consensuar con ellos. El redactó su voto en soledad, los otros cuatro, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti lo emitieron en conjunto, pero los cinco votaron positivamente.
El presidente de la Corte, en su voto señala “que el planteo era admisible porque, de asistir razón a los recurrentes, no se trataría únicamente de traslados irregulares sino de un intento por revisar retroactivamente el mecanismo de designación de un número importante de jueces de la Nación (no solo los tres que hicieron la presentación), designación en virtud del cual desempeñaron sus funciones por largo tiempo. Todo ello pondría en juego la garantía de inamovilidad prevista en el art. 110 de la Constitución Nacional.”
En otra parte Rosenkrantz expresa que es inocultable: “que el caso reviste una gravedad institucional inusitada, pues en su decisión se encuentra comprometida una institución básica del sistema republicano, cual es, la independencia del Poder Judicial que el artículo 110 de la Constitución Nacional busca asegurar no sólo en favor de los magistrados sino, fundamentalmente, en beneficio de la totalidad de los habitantes de la Nación (Rosenkrantz cita doctrinas de fallos y continúa)[i]. Por lo dicho, la decisión del caso excede notoriamente el interés de las partes y se proyecta no solamente sobre el interés de todo el universo de jueces que han sido trasladados hasta la fecha, sino sobre el interés general en preservar el sistema republicano de gobierno”.
El conocido constitucionalista Daniel Sabsay, consultado por el diario La Nación señaló: «La decisión de la Corte marca un antes y un después en un proceso que tiene varios meses y que no se limita a este tema en particular sino a muchos otros en los cuales la vicepresidenta, en su desesperación por encontrar la impunidad, no ha dejado intersticio sin llenarlo con decisiones contrarias a derecho», dijo el constitucionalista.
Algunos funcionarios del gobierno se quejan por las presiones de la gente sobre la Corte. Pero mucho más fuerte fue la presión del mismo gobierno sobre la justicia en la afanosa búsqueda de impunidad para la vicepresidente. El gobierno kirchnerista no interpreta o no quiere interpretar el hastío de la sociedad contra una administración que se ocupa más de buscar solución para los problemas judiciales de Cristina, que de los graves conflictos que afectan a la sociedad, como inseguridad, coronavirus, desocupación, recesión, aumento de la pobreza, parálisis escolar, etc.
El fallo de la Corte es un primer paso para recuperar una verdadera democracia republicana. Parafraseando al astronauta Neil Armstrong, cuando dio su primer paso en nuestro satélite lunar, digamos ahora. “Es un pequeño paso para la Corte y un gran salto en defensa de la República”