En 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, se sancionó la Ley 27.275 de acceso a la información pública. Conforme a la ley “información pública” es “todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados (…) generen, obtengan, transformen, controlen o custodien”.
El 27 de marzo de 2017, el poder ejecutivo reglamentó la Ley de acceso a la información pública, a través del decreto 206/2017
El decreto reglamentario expresa “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido” lo que ha generado un amplio rechazo al decreto por parte del arco opositor, sus mismos aliados y vastos sectores de la sociedad, entendiendo que el decreto avanza sobre la ley y modifica su espíritu.
La organización Poder Ciudadano, emitió un comunicado señalando que “ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que lo hace la Ley sancionada democráticamente por el Congreso de la Nación”.
La oposición al decreto, sin duda muy restrictivo sobre dos conceptos esenciales de la ley, como “información pública” y “documentos”, produjo que ayer el Jefe de gabinete, Guillermo Franco expresara ante los diputados “Si de alguna manera, como veo que es, un tema de inquietud de los señores diputados y diputadas, modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo”, acentuó el funcionario.