Resulta muy penoso ver y oír a políticos, gente de la cultura, de los medios y también a los opinadores seriales a los que acuden la televisión y la radio frecuentemente, justificar el voto contra Milei, es decir a favor de Massa, atribuyéndose “defender la democracia”. Sería risible, si no escondiera tras de esto, una tragedia argentina. Una más de las tantas que tuvimos que experimentar a lo largo de nuestra historia.
El juicio político a la Suprema Corte, iniciado y desarrollado por el kirchnerismo, encierra un grave ataque a la república y sus valores. Con este juicio, se pretende debilitar a los miembros del más alto tribunal de justicia y mejorar las perspectivas judiciales de la vicepresidenta, que bien sabemos, además de condenada en una causa, debe enfrentar en varias otras la espada de la justicia.
Dos jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en escritos individuales, rechazaron los cargos que les formalizó la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que decidió acusarlos. Los dos jueces acusan a los legisladores de intentar “condicionarlos, neutralizarlos o directamente cooptar” al tribunal y afectar “su independencia judicial”.
Rosenkrantz, que es vicepresidente del tribunal, entiende que si bien el juicio político es un instituto legítimo en este caso “su propósito ha sido subvertido” y señala en su presentación: “lo que está en juego no es menor. Y no tiene que ver con mi permanencia en la Corte como uno de sus magistrados. Este procedimiento tiene un fin mucho más nocivo para el funcionamiento republicano de nuestro país que el mero apartamiento de uno de sus jueces pues apunta, en definitiva, a condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Se trata de un ataque frontal a la separación de poderes y a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional”.