La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2023. Efectivamente, a diferencia de lo ocurrido el año pasado cuando un exabrupto del entonces jefe de la bancada oficialista, el diputado Máximo Kirchner, impidió que la ley de presupuesto para el año que transitamos fuera aprobada o volviera a comisión. El debate de este año insumió más de 15 horas. Luego de negociaciones entre el oficialismo y otros bloques, en un clásico toma y daca, el proyecto en general fue aprobado por 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones,

El oficialismo, el interbloque de Provincias Unidas; el Federal; Ser Energía; Evolución Radical y parte del radicalismo, votaron afirmativamente. La Coalición Cívica votó por el rechazo, al igual que Javier Milei y José Luis Espert. En tanto que el Pro se abstuvo.
La Ley de Presupuesto, también llamada Ley de Leyes, es la norma donde se planifican los ingresos que recibirá el Estado y cómo se aplicarán estos recursos, para satisfacer las necesidades de la gente en salud, educación, seguridad, justicia, defensa y seguridad social entre otras.
Claro está que en una economía desquiciada como la que transitamos, el Presupuesto votado es un mero dibujo que diseña el Ministerio de Economía para cumplir con el mandato constitucional. [i]

Proyecciones absolutamente inconsistentes (empezando por el índice de inflación del 60%, número éste del cual parte todo el cálculo presupuestario), gastos absolutamente ridículos e ineficientes (como los montos presupuestados para el Ministerio de las Mujeres –más de 54.000 millones de pesos– o al Inadi –algo más de 1.000 millones de pesos donde el 95% responde al pago de los sueldos de los empleados públicos que dependen del organismo– y hasta algunas cuestiones que marcan una gran inequidad (como el beneficio impositivo para el sindicado de los camioneros). Todo parece ser un gran desaguisado absolutamente fuera de control, señala en una nota Infobae.[ii]

El cristinismo fue derrotado en el intento de imponer ganancias a los jueces, cuyos salarios están protegidos por la Constitución, pero la ausencia de algunos opositores como Javier Milei, en el momento de la votación, posibilitó que se creara un nuevo gravamen, una “tasa de seguridad aeroportuaria”, que a valores de hoy se estima en los 250 pesos adicionales por ticket aéreo. Este nuevo gravamen se suma a otros que inciden sobre el costo de los pasajes aéreos.
En síntesis, en 2023, habrá un presupuesto, que será ampliamente superado por la realidad económica.