Los responsables de Igualdad y Asuntos de las Mujeres del Grupo de los siete, G7, [i]han pedido a Irán, detener cuanto antes la violencia y «persecución de mujeres y niñas» en el marco de las fuertes protestas que han tenido lugar en el país a raíz de la muerte de Masha Amini cuando se encontraba bajo custodia policial.
Los reclamos por la muerte de la joven crecieron en estos últimos días y con ellas, la represión por parte del gobierno que dejó hasta el momento 31 muertos, según informó la ONG Derechos Humanos de Irán (IHR). Además, señaló que «las fuerzas represivas de la República Islámica están disparando a los manifestantes con balas de guerra y perdigones».
La ministra alemana de Asuntos de las Mujeres, Lisa Paus, ha instado a poner fin a estas acciones y ha recalcado que «los derechos de las mujeres son Derechos Humanos». «Las autoridades iraníes están obligadas a garantizar el igual disfrute de estos derechos para todos los seres humanos en el marco del Derecho Internacional».
En un comunicado difundido tras un encuentro en Berlín los gobiernos del Grupo reclaman al Gobierno iraní que debe «poner fin a todas las formas de represión contra todos los iraníes, especialmente las mujeres y niñas».
Las malas noticias sobre la penosa relación del régimen iraní con los derechos humanos no dejan, tristemente, de acumularse. A comienzos de noviembre, Amnistía Internacional hablaba del “terrible deterioro de los derechos humanos” en el país. Poco después, el descontento con la situación económica provocó el estallido de revueltas que se han saldado con miles de detenciones y más de 300 muertes. Las mujeres iraníes son tal vez uno de los colectivos más afectados por la falta de respeto de sus derechos.
Es que la vida para las mujeres en Irán, es muy penosa. La legislación discriminatoria sobre el uso obligatorio del velo da lugar a que a diario se someta a las mujeres a hostigamiento, detención arbitraria y torturas y otros malos tratos, y se les niegue el acceso a la educación, el empleo y los espacios públicos.
Desde hace años las mujeres iraníes se organizan para que se les reconozcan los derechos cívicos más elementales, como el de divorciarse, trabajar, o viajar sin la autorización previa de un miembro masculino de su familia.
El régimen no tolera ningún movimiento de mujeres. Involucrarse en la lucha por la igualdad de géneros puede costar muy caro, como saben la activista Narges Mohamadi, que ha dejado la salud en las cárceles o Nasrin Sotoudeh, condenada a 11 años de cárcel y a 20 de prohibición de ejercer la abogacía.
Son sólo dos ejemplos, pero hay cientos de casos de mujeres que han corrido la misma suerte por atreverse a reivindicar sus derechos.
Sin embargo, a pesar de la discriminación de la mujer en las leyes y en las costumbres, las iraníes han alcanzado un alto nivel de educación y formación, y desempeñan papeles destacados en la sociedad, pero continúan ausentes de los puestos en los que se toman decisiones.