La Cámara Federal ordenó reabrir el expediente archivado del caso conocido como “Vacunatorio Vip”, la cual le costó el cargo al exministro de Salud, Ginés González García, y al mismo tiempo instó a seguir investigando a quienes recibieron antes de tiempo las dosis contra el Covid-19.
El tribunal de alzada ordenó que la jueza María Eugenia Capuchetti debe profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron esa posibilidad y que debe investigar penalmente a todos los que recibieron esas vacunas dentro del ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para esclarecer cómo y por qué llegaron a acceder a la aplicación anticipada de la vacuna contra el coronavirus.
Capuchetti había tomado esa decisión por inexistencia de delito, al evaluar que «en el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación».
Para la jueza, en todo caso sí era un tema que puede ser evaluado por «la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece sanciones de orden administrativo».
Ese fallo, que determinó que de los 70 casos de personas vacunadas unas 65 sean considerados no delictuales, fue apelado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.