El presidente honorario de Aetat, analizó la crisis por la que atraviesa el sector y reflexionó sobre el papel del Estado en el conflicto
Tucumán.- Es sabido que la situación del transporte público de pasajeros en Tucumán es crítica desde antes de la pandemia, que solo vino a profundizar la crisis del sector. El desmedro del 80% de los ingresos en el corte del boleto, los repuestos y los insumos básicos aumentaron el 40%, la falta de subsidios y el endeudamiento exorbitante generan un panorama desolador de cara al futuro de la actividad.
En este contexto, el presidente honorario de Aetat, el CPN Cristóbal Cazorla, analizó la situación actual del Transporte Público en la provincia
A continuación, las acertadas reflexiones de Cazorla.
El transporte público es una obligación del Estado, bajo cuya responsabilidad, los Poderes Concedentes, la asumen utilizando las figuras de cocesionarios, en una actividad totalmente regulada.
Bajo este sistema, El Estado (nacional, provincial, municipal), ejerce el control de los servicios y regula la inversión, la oferta y la fijación del precio (tarifa).
El Estado determina, entre otras inversiones, el volumen y las condiciones de la flota, los recorridos y los servicios a prestar. El concesionario no puede ni siquiera dimensionar la oferta en función de la demanda, pues deben satisfacerse las necesidades públicas, en todo tiempo y lugar.
A los efectos de fijar las tarifas, debiera ajustarse al resultado que surja de Estudios de Costos verdaderos y responsables.
Determinado ese valor, también debe imprescindiblemente el Estado, contemplar la situación del pasajero, que con toda seguridad tendrá recursos limitados, que no le permiten absolver el real costo de operación de los servicios.
Esto, mundialmente, se resuelve mediante subsidios, que constituyen una asistencia económica a la comunidad usuaria, obligación irrenunciable del Estado, para cumplir su obligación de brindar un adecuado transporte público, que satisfaga las necesidades del desplazamiento de las personas.
Frente a la actual situación del transporte, enumeremos los factores que generaron los “paros” de UTA en todo el país:
Previo a la aparición de la pandemia, hubo una sistemática desatención de los ajustes tanto tarifarios como de subsidios por parte del Estado. Estos últimos se vieron reducidos y/o congelados desde hace no menos de dos años. Bajo estos efectos adversos, las empresas debieron enfrentar el comienzo de la pandemia, en condiciones deficitarias.
Ya con los efectos de la pandemia se suma que el Estado, a la vez que declara esencial el transporte, desalienta su uso, por razones sanitarias, lo que reduce considerablemente la demanda, disminuyendo el ingreso por recaudación en un 80 %.
Y por si esto fuera poco, El Estado retrasa considerablemente el pago de los ya desactualizados subsidios.
Las empresas reducen las frecuencias de servicios, pero ello solo evita algunos costos variables (que son los mínimos), manteniéndose inalterables los costos fijos, de la estructura empresarial, de la inversión y del plantel de personal.
En el caso del personal, no se apela a reducción de plantel, despidos o suspensiones y, aunque con retrasos, se abonan los salarios, incluso de los inactivos, sea por ser personal de riesgo o simplemente por exceso frente a la reducción de servicios.
La actividad se caracteriza por la preponderancia de los costos fijos, los que, producidos, no tienen ninguna posibilidad de recuperación futura.
Esta situación se refleja en las empresas en descapitalización, endeudamientos impositivos, con proveedores y de toda índole, devolución de ómnibus por imposibilidad de cumplir compromisos, retraso en las obligaciones laborales etc. Paralelamente, todos los componentes del costo operativo marchan y crecen al ritmo inflacionario.
¿Algún estamento del Estado puede sostener el argumento de que esto es un conflicto privado, en el que al Estado, en la figura del Poder Concedente, no le cabe ninguna responsabilidad? No es nuestra intención distribuir responsabilidades de las jurisdicciones Nacionales, Provinciales y Municipales. No es nuestra responsabilidad las articulaciones necesarias, pero nadie debe dejar de involucrarse frente a la gravedad del problema.
Tres puntos que hay que dejar en claro:
1) Una expresión que se sigue escuchando: “Fracasó el sistema”. Es inexacto. Es una minimización del problema y una forma de eludir responsabilidades, ocultando los desaciertos, atribuyendo la culpa al sistema. Cualquier sistema será bueno si es acompañado por las decisiones correctas y el respeto a las misma por todos los sectores involucrados. Si no fuera así, cualquier sistema obtendrá malos resultados.
2) Otra expresión que hay que aclarar: “Puntualizar el problema reduciéndolo a Tucumán, apartándolo del contexto nacional». Todas las provincias padecen la misma problemática y han sufrido paralizaciones de servicios de distintas dimensiones. La diferencia que puede advertirse en la extensión de las medidas de fuerza de UTA, obedecen al hecho de que dos provincias tienen destinadas importantes partidas presupuestaria para solventar los déficits, y otras han dispuestos apoyos financieros excepcionales para facilitar las momentáneas soluciones frente a la coyuntura; o en otros casos, la entidad sindical de esa localidad ha acompañado con una aún mayor tolerancia que la que existió en nuestro caso.
3) Paro de UTA (20 días): Entendemos que las medidas decretadas por UTA Tucumán, sobre todo la última, aun admitiendo la legitimidad del reclamo, no aportó a la solución del problema, resultando por el contrario un empeoramiento de la situación, en perjuicio de todos: pasajeros, trabajadores y empresas. Respetuosamente debemos señalar que no la hemos compartido y que a la luz de los resultados lamentablemente teníamos razón.